| Activistas sus enfocan esfuerzos para que el Congreso de Estados Unidos apruebe una reforma al sistema de salud que incluya beneficios a inmigrantes legales para después impulsar una legalización de millones de indocumentados. “Una futura reforma migratoria está conectada a una reforma de salud”, dijo la analista del Centro para el Progreso Americano (CAP), Vanessa Cárdenas, en una entrevista. La funcionaria reconoció que esa situación “no es lo más agradable” porque la reforma de salud no debería excluir a 12 millones de personas porque son indocumentadas. No obstante, opinó que la realidad política indica que ambos temas se deben abordar por separado. Grupos opositores a la reforma de la salud están usando el tema de la inmigración para descarrilar la agenda del presidente Barack Obama, que pretende otorgar seguro médico universal a casi 50 millones de personas que carecen de ese beneficio, señaló Cárdenas. La experta citó como ejemplo grupos que cuestionan el acceso a servicios médicos a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres son inmigrantes indocumentados. La portavoz del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Elena Gaona, apuntó que los esfuerzos se centran en proteger a los inmigrantes legales bajo la reforma al sistema de salud ante los intentos de grupos antiinmigrantes de quitarles beneficios. Bajo la extensión del Programa Estatal de Seguro Médico Infantil (SCHIP), promulgada por Obama, se incluyó servicios a mujeres embarazadas y niños que son inmigrantes legales, pero muchos estados no ofrecen esa opción a veces por falta de recursos, señaló. En la actualidad inmigrantes legales adultos tienen que esperar por ley cinco años para acceder a servicios médicos del gobierno. Ese mismo lapso de tiempo tendrá que esperar los inmigrantes que regularicen su situación, en caso de que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral a principios de 2010, precisó. “Seguimos abogando para que una reforma al sistema de salud incluya también a los inmigrantes legales sin seguro médico porque es una injusticia que se les quiera excluir cuando están contribuyendo con el pago de sus impuestos”, indicó Gaona. Los activistas también están buscando que la administración de Obama elimine el programa de verificación electrónica de empleo porque muchos empleadores podrían usar ese mecanismo para negar beneficios de salud a sus trabajadores inmigrantes, agregó la experta. Fuente: Washington, agosto 27/2009 (Notimex) |
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