| El pleno del Parlamento Europeo debatirá y votará la próxima semana un informe en el que pide a Estados Unidos que ponga fin a su política internacional antiaborto, es decir, la denominada "Política de la Ciudad de México", que prohíbe financiar a organizaciones extranjeras que ofrezcan servicios relacionados al aborto, incluyendo el asesoramiento sobre el aborto y las actividades para cambiar las leyes sobre el aborto, aun cuando no estén siendo financiadas con dinero proveniente de los Estados Unidos. El informe, elaborado por la socialista Karin Junker, reclama a la Unión Europea y a los Estados miembros "que impliquen a los Estados Unidos en un debate informado sobre las repercusiones a escala internacional de la reinstauración" de esta política y "alienten al presidente George W. Bush a rescindirla". El texto señala que esta posición ha empeorado los problemas que pretendía resolver, pues a medida que las clínicas cierran y resulta más difícil acceder a servicios de salud reproductiva, disminuye a escala mundial el número de mujeres de escasos recursos que pueden permitirse recurrir a la contracepción. Ello, añade, conlleva un aumento de embarazos no deseados, y por consiguiente, de abortos, muchos de ellos en deficientes condiciones de seguridad, lo que a su vez incrementa la tasa de mortalidad materna. Diez años después de la Conferencia de El Cairo (1994), este informe quiere que la salud sexual y reproductiva sea un objetivo prioritario de las políticas de desarrollo de la Unión Europea ante lo escalofriante de los datos: Cada minuto muere una mujer en el mundo por causas relacionadas con el embarazo; cada minuto hay unos 100 abortos, 40 de los cuales se realizan en condiciones poco seguras con personal no cualificado. Cada año se introducen en el mercado sexual 2 millones de niñas entre 5 y 15 años. 130 millones de mujeres han sido víctimas de mutilación genital. La violencia doméstica es una de las principales causas de suicidio entre mujeres jóvenes. El VIH infecta a 10 personas por minuto, de las cuales la mitad tiene menos de 25 años. Así las cosas, el informe -que se aprobó por 11 votos a favor y 7 en contra en la comisión parlamentaria lo que hace prever un voto ajustado en el pleno- señala que las mujeres deben tener acceso a una intervención que no sea sancionable y cuente con asistencia médica. "Las interrupciones de embarazo no deben considerarse un método de planificación de los nacimientos", dice la ponente, quien no obstante matiza que el aborto debe ser posible en situaciones de emergencia para proteger la salud física y psíquica de las madres. Un 14% de las muertes vinculadas a un embarazo son consecuencia de un aborto realizado de forma inadecuada. Por otro lado, considera que la Unión Europea debe apoyar esfuerzos de investigación para desarrollar métodos fáciles para prevenir embarazos no deseados. "El acceso a anticonceptivos, en especial los preservativos, debe generalizarse, en particular entre los estratos más pobres de la población", señala. Según los estudios de las Naciones Unidas, una tercera parte de los embarazos a escala mundial no han sido deseados o previstos y más de 300 millones de parejas no tienen acceso a métodos anticonceptivos. |
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